Los policías cachirules sólo son ‘chivos expiatorios’ por parte del gobierno de San Martín Texmelucan para deslindar a los verdaderos responsables de que la delincuencia organizada se haya infiltrado dentro de las altas esferas de la corporación municipal y de las autoridades del ayuntamiento, aseguraron familiares de los uniformados.

De acuerdo a fuentes consultadas por CAMBIO no existen elementos que acrediten la usurpación de funciones por parte de los detenidos, pues para encuadrar en dicho delito debe de existir dolo por parte de los inculpados, y esto no fue así ya que todos recibieron un nombramiento firmado por el presidente municipal, Rafael Núñez Ramírez, que los acreditaba como miembros de la dependencia.

Asimismo, aseguraron que a quienes se les debe de fincar las responsabilidades son a los altos mandos, el comisario de la Policía Municipal, Miguel Ángel Jacinto Fragoso y el director de Seguridad Pública, Sinohé Jerónimo León Sánchez, responsables de las cuestiones administrativas de la dependencia, ya que estos debían de realizar la inscripción de los elementos ante el Registro Nacional de Seguridad Pública (RNSP).

CDI cuenta con pruebas de que el ayuntamiento los contrató

Entre los datos de prueba que se encuentran integrados en la carpeta de investigación (CDI), están los nombramientos que en su momento exhibió CAMBIO, los cuales cuentan con la rúbrica del presidente municipal. Sin embargo éstos no son los únicos documentos que los validan como servidores públicos.

Entre ellos se encuentran una credencial que los valida como ‘Agentes Viales’, la cual de forma dolosa, aseguraron los familiares y algunos abogados, no les fue entregada junto con las pertenencias de los policías ‘cachirules’ ya que ésta los acredita como funcionarios, lo cual desecha la teoría de los agentes del Ministerio Publico quienes los imputaron por el delito de usurpación de funciones.

Esta credencial cuenta con el nombre, cargo y número de nómina de los oficiales, que también es visible en los recibos de cobro de los uniformados, en los que también se detalla las percepciones y deducciones que les realizaba el ayuntamiento quincena a quincena.

Estos documentos los acreditan como funcionarios que servían al Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, sin embargo, no fueron considerados por los jueces, quienes dictaron la prisión preventiva e incluso en 20 casos decidieron vincularlos a proceso.

Audiencias viciadas en contra de los uniformados

Tras darse a conocer el fallo de al menos tres jueces de control que coincidieron en llamar a los policías ‘un peligro para la sociedad’, para poder mantenerlos con prisión preventiva, uno de los presentes relató a CAMBIO cómo se desahogaron las audiencias iniciales que se prolongaron hasta la madrugada del pasado domingo.

“Las autoridades nos citaron desde muy temprano, a las nueve de la mañana; pero los tres jueces que llegaron a realizar las audiencias se presentaron hasta el mediodía, sin embargo éstas se prolongaron por muchas horas, pues uno de los abogados, de forma irresponsable, intentó acaparar a varios de los detenidos, sin embargo, al momento de realizar las audiencias, los dejó en estado de indefensión por lo que tuvieron que actuar los abogados de oficio”, dijo uno de los representantes legales.

Relató que hubo varios de los policías detenidos que hicieron uso de su derecho a declarar, y a pesar de que las versiones de los imputados coincidieron, los jueces ya tenían “línea tirada”, es decir, ya contaban con la consigna de calificar de legal la detención y si era posible vincularlos a proceso, lo que se vio detenido sólo por la solicitud de la duplicidad del término constitucional.

“El delito por el que los acusan no es grave, no merece medida cautelar, pero el juez ratificó lo dicho por el MP, que ‘son un peligro para la sociedad’, lo cual es injusto porque son hombres y mujeres trabajadores que sólo realizaban su trabajo, ellos desconocían de los procesos administrativos”, dijo el entrevistado.