Actos como el linchamiento de dos personas en Acatlán, sin importar si eran delincuentes o no, es sinónimo de que la sociedad sufre de rabia descontrolada, advirtió Herminio Sánchez de la Barquera, académico de Upaep.

En entrevista, el decano en Ciencias Sociales de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep) señaló que el linchamiento es un problema del tejido social que corresponde a una falta de confianza en las autoridades, pero también a una "falta de civilidad".

“El linchamiento es un problema social grave, sí, es cierto, habla de una falta de confianza en la autoridad, pero también habla de una falta de civilidad. Yo puedo atrapar a un delincuente y no necesariamente lincharlo, por qué no atraparlo nada más y entregarlo a la policía, no hay nada que justifique el linchamiento de una persona”, dijo.

Explicó que aunque una persona cometa un delito y sea atrapada con "las manos en la masa", la población debe proceder conforme a la ley y entregarla a la policía para evitar que sea linchada, dado que la gente suele aprovechar el anonimato para actuar de esa manera.

“Ellos suponen que es un delincuente; suponiendo que se trate de uno, no podemos tomar justicia por propia mano, aun cuando sea un ladrón que lo agarren con las manos en la masa nada justifica un linchamiento, lo que estamos viendo ahí es una falta de civilidad, una rabia descontrolada y en el tumulto, en el anonimato, la gente se aprovecha”, aseguró.

Debido a ello, enfatizó la importancia de que en los diferentes niveles de gobierno se atienda la percepción de la seguridad hacia los cuerpos policiales, ya que si los habitantes no tienen confianza hacia las autoridades es porque han desatendido la imagen que proyectan.

“La percepción de la seguridad no todo es cuestión de contar homicidios, sino también una parte importante de una política pública en materia de seguridad es cómo mejorar la percepción de seguridad en la población, qué percepción tiene la gente de sus policías, cómo le hacemos para mejorar esa imagen, si la gente no confía, es un problema grave”, declaró.

El miércoles pasado, alrededor de 300 pobladores de la comunidad de San Vicente Boquerón, perteneciente al municipio de Acatlán de Osorio, asesinaron a Alberto Flores de 53 años y a Ricardo Flores de 22 años, luego de que corrió el rumor de que eran ‘robachicos’ y narcomenudistas, versión que fue desmentida por familiares, quienes acusaron que eran albañiles.