Amnistía Internacional confirmó en su Informe Anual 2017 sobre los derechos humanos en el mundo que en Palmarito Tochapan sí ocurrió una ejecución extrajudicial cuando un soldado del Ejército Mexicano disparó a bocajarro contra un presunto huachicolero que estaba desarmando y vencido. Los hechos quedaron registrados en un video que CAMBIO publicó y en el que se observa el momento cuando el sargento José N ejecutó a Raúl Jiménez.

La ONG más importante en materia de defensa de derechos humanos ratificó que de acuerdo con sus peritajes independientes sobre las imágenes y el video les permitió ratificar la ejecución extrajudicial ocurrida la noche del 3 de mayo de 2017 cuando un destacamento de militares ingresó a la comunidad para enfrentarse con supuestos huachicoleros.

En un principio la Secretaría de la Defensa Nacional afirmó que los soldados fueron atacados y los huachicoleros interpusieron escudos humanos con mujeres y niños. Sin embargo, en el video dado a conocer por este rotativo se observan balaceras entre ambos bandos. El saldo final fue la muerte de cuatro militares y seis ladrones de combustible, entre los que se incluyó al lugareño Raúl Jiménez.

El informe anual cita como precedentes de ejecuciones extrajudiciales los casos de Tlatlaya, Apatzingán y Tanhuato señalando que “Las ejecuciones extrajudiciales no se investigaban adecuadamente, y quienes las perpetraban seguían gozando de impunidad. Por cuarto año consecutivo, las autoridades no publicaron la cifra de personas muertas o heridas en enfrentamientos con la policía y las fuerzas militares. No se dio información sobre los cargos penales formulados en los casos de Tlatlaya, Estado de México, donde 22 personas murieron a manos de soldados en 2014; de Apatzingán, estado de Michoacán, donde agentes de la Policía Federal y de otras fuerzas de seguridad mataron a al menos 16 personas en 2015; y de Tanhuato, estado de Michoacán, donde las fuerzas de seguridad asesinaron a 43 personas durante un operativo de seguridad en 2015.

Actualmente el sargento José N se encuentra bajo proceso por homicidio doloso y enfrenta otro juicio en el fuero militar por el delito de deserción equiparada.

El soldado José sigue bajo proceso

Un solo disparo por arma de fuego a una distancia entre uno a 60 centímetros fue la causa única de la muerte del poblador de Palmarito Tochapan, Raúl Jiménez Martínez, así lo establece el resolutivo del Toca Penal 87/2017-III que vinculó a proceso al Sargento Segundo José Isidro Gómez Hernández por homicidio agravado, y “en atención al principio de presunción de inocencia no puede afirmarse que el civil era un delincuente ni que por esa circunstancia se justifique su ataque”.

En ese mismo resolutivo se establece que el análisis pericial al video publicado por CAMBIO, otros medios y en redes sociales es válido dado que no tiene cortes, además presenta secuencia lógico-cronológica. Asimismo, el magistrado establece que no hay sustento a la afirmación de que dicho video proviene de un grupo criminal.

De acuerdo con las declaraciones de cuatro militares adscritos al 17 Batallón que acudieron a Palmarito Tochapan la noche del 3 de mayo, confirmaron que el civil ya estaba boca abajo y no representaba un riesgo, no tenía armas ni heridas visibles, y que luego del disparo del Sargento José Isidro, uno de ellos lo cuestionó por qué lo había hecho y recibió un “¿tú qué? pinche soldado” por respuesta.

Esos cuatro militares, ya en la audiencia con el juez de control, se desdijeron de sus declaraciones iniciales argumentando que habían sido intimados por el Ministerio Público Federal. El magistrado Esteban Santos invalidó esos segundos testimonios con base en jurisprudencia que establecen mayor validez a la declaración inicial por su cercanía con los hechos.

El registro de los hechos desmiente a la Sedena

La versión de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre el enfrentamiento con huachicoleros fue desmentida por el video que publicó CAMBIO, ya que el organismo aseguró que los presuntos delincuentes recibieron a tiros a los militares, asimismo, declararon que los elementos no pudieron repeler la agresión ya que pusieron como escudo a niños y mujeres de Palmarito. Sin embargo, todo esto quedó desmentido en el video.

La grabación fue captada desde una cámara de seguridad y en ella se registró minuto a minuto la agresión de los militares a presuntos huachicoleros que circulaban en vehículo de color gris –y que tras recibir varios disparos– obligaron a los pasajeros desarmados a bajar de la unidad.

En ese momento los militares arrastraron a uno de los hombres que viajaba en el automóvil hasta una distancia cercana a la cámara de seguridad, por lo que quedó grabado el instante en que lo ejecutan. Incluso en los videos está registrado cómo los militares intentan borrar las huellas del homicidio desmontado otra de las cámaras de seguridad de la zona.

Amnistía también analizó otras violaciones a derechos humanos en México

Entre las violaciones a los derechos humanos sobre los que el informe anual da cuenta, están las detenciones arbitrarías por parte de las fuerzas de seguridad del país. En estos casos se derivaban  otras violaciones tales como torturas y desapariciones forzadas. En el documento se da a conocer que las detenciones de este tipo incluían la colocación de pruebas falsas como drogas y armas ilegales. Asimismo, se especifica que las víctimas de estos procesos eran generalmente ciudadanos que vivían en situación de pobreza.

Amnistía Internacional también sostiene que los elementos de la policía no informaban a los detenidos sobre el motivo de su detención ni de sus derechos. De igual modo, era común que se registraran retrasos injustificados para presentar a las personas ante las autoridades correspondientes, al mismo tiempo que en los registros había errores e incongruencias en datos como la hora y la fecha en la que se llevaban a cabo las detenciones.

En cuanto a las desapariciones forzadas, se asegura en el documento que existió implicación directa del estado y que era habitual que los agentes estatales y no estatales que participaban en los actos no se responsabilizaran por los hechos, gozando de impunidad “casi absoluta”. En 2017, según lo reportado por la ONG, quedó pendiente la resolución de 34 mil 656 casos de personas desaparecidas, de las cuales 25 mil 682 son hombres y 8 mil 974 son mujeres.

En el informe también se señala que en 2017 se continuó con las amenazas, el hostigamiento, las agresiones y los homicidios perpetrados en contra de periodistas y defensores de los derechos humanos. En ese año un total de 12 periodistas perdieron la vida, lo que representa la cifra más alta registrada en un año desde el 2000.