Sin señalar de manera directa a Mario Marín Torres, Kamel Nacif ni a Blanca Laura Villeda, el abogado especialista en Derechos Humanos, Leopoldo Maldonado Gutiérrez, aseguró que con el reciente resolutivo de la ONU con respecto al caso Lydia Cacho, México cuenta con una gran oportunidad para castigar a los “hombres de poder” que cometieron agravios y violaciones a las garantías individuales de la periodista, además de que está en manos del próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador dar una resolución favorable al caso.

“Nosotros creemos que el nuevo gobierno tiene que mandar una respuesta no sólo contundente a la ONU, a la comunidad internacional, sino que tiene que mandar un mensaje contundente hacia dentro de la restitución del Estado de Derecho, de que estas cosas no van a volver suceder y que de volver a suceder los responsables van a obtener su castigo”, dijo Leopoldo Maldonado.

En entrevista vía telefónica con CAMBIO, el abogado en derechos humanos, que actualmente labora en la organización Article 19 México, calificó como complejo el proceso para volver a investigar el caso Lydia Cacho en el que el ex mandatario poblano Mario Marín ordenó la detención arbitraria y de forma desproporcionada en contra de la periodista por la publicación de su libro Los Demonios del Edén.

Sin referirse directamente a los implicados a los que calificó como “hombres de poder”, Maldonado Gutiérrez indicó que tanto la administración actual, como el próximo gobierno de López Obrador, deberán retomar la investigación que desde 2008 está ‘congelada’ tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para dar cumplimento en el plazo de 180 días que estableció el Comité de Derechos Humanos de la ONU en su resolutivo.

“Todo el entramado es el que se tiene que volver a revisar, cómo fue que actuó el Poder Judicial en aquel entonces, la Procuraduría General de la República y obviamente quién dio la orden que se cometieran todos estos actos en contra de Lydia Cacho. Implica recoger evidencia que muy probablemente ya desapareció por tanto tiempo que ha pasado, implica retomar el hilo de la investigación lo cual es sumamente complejo a sabiendas de que desde 2008 se encuentra ‘congelada’, entraña una serie de complicaciones para que den cumplimiento cabal”, expuso el abogado de la organización Artículo 19.

Asimismo, indicó que de acuerdo con lo establecido en la ley se deberán revisar los delitos y las responsabilidades penales y administrativas que aún pueden ser aplicadas a los implicados en el caso, como Mario Marín, pues precisó que sólo se podrán imputar las actividades ilícitas en las que participaron y que no hayan sido prescritas a su favor.

“Se debe revisar el marco de responsabilidades administrativas y penales que le son aplicables. Evidentemente esto derivaría una vez que se tenga claridad en cuanto a las conductas ilícitas en las que incurrió y aquellas en las que todavía se puede ejercer acción penal y que no hayan sido prescritas a su favor”, detalló Leopoldo Maldonado.

Oportunidad para México: De la Fuente Treviño

Por su parte, el próximo embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan Ramón de la Fuente Ramírez, celebró el resolutivo de Naciones Unidas a favor de la periodista Lydia Cacho y aseguró que con esto a México se le presenta una ‘gran oportunidad’ para darle el lugar que merece respeto a los derechos humanos.

En entrevista con Joaquín López Dóriga en Radio Fórmula, el próximo funcionario del gobierno de López Obrador calificó como contundente la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU en favor de Lydia Cacho por los agravios que sufrió en 2005 por órdenes del priista poblano y entonces gobernador, Mario Marín.

Agregó que este es el tipo de oportunidades y acompañamiento que México necesita para llevar el tema de los derechos humanos a otro nivel, para su procuración y respeto.

En este sentido, dijo que será la actual administración federal la que deberá trabajar para dar cumplimiento al resolutivo de la ONU en favor de la periodista y en el que se establece la reparación del daño y la investigación a fondo del caso en el que se vio implicado el ex gobernador poblano Mario Marín.

“Se veía imposible después de 13 años, a mí lo primero que me generó fue mucho gusto (…) Si este es el tipo de acompañamiento que el gobierno de López Obrador está planteando para llevar los Derechos Humanos a otro nivel, bienvenido”, dijo De la Fuente Ramírez.