Enrique Cárdenas Sánchez, líder de la organización Sumamos, exhibió a los diputados de Morena al señalar que las tres reformas que fueron vetadas por el gobernador Antonio Gali Fayad presentan vicios inconstitucionales, destacando el caso de la ‘Ley bala’, de la cual, dijo, es necesario que exista una ley supletoria y no sólo se opte por su abrogación.

En entrevista al acudir al Congreso del Estado a hacer entrega del análisis sobre las leyes reformadas por los morenistas, Cárdenas Sánchez le dio la razón al Ejecutivo del Estado respecto a que en  las reformas se observan vicios de inconstitucionalidad y hay invasión de funciones de los poderes Ejecutivo, Legislativo y al municipio.

El académico señaló que en el caso de la ‘Ley Bala’ no existía una urgencia inminente, más que política, para abrogarla, por lo que los legisladores deberán proponer una ley supletoria para no dejar un vacío legal, "que se haga una ley con el análisis de lo que ha funcionado, con las revisiones de los especialistas, con víctimas y con los policías, es recomendable tener una ley".

Detalló que los policías del estado requieren de una ley que regule el uso de la fuerza y que ésta recaiga sólo en un acto administrativo a través de una futura publicación de un protocolo, reducirá su legitimidad, "todas las fuerzas políticas del estado deben asumir su responsabilidad en la materia".

En tanto, en la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla aseguró que existen dos supuestos: la ausencia temporal del presidente municipal o la falta definitiva del mismo, por lo que el Ayuntamiento debe decidir quién ocupará el cargo.

Indicó que se deben establecer en la misma Ley Orgánica los supuestos y mecanismos de sustitución en cada caso para garantizar certeza jurídica y salvaguardar la autonomía municipal.

Asimismo, en la Ley para la Protección del Ambiente Natural y el Desarrollo Sustentable del Estado, resaltó que las intervenciones del estado en materia administrativa invaden la jurisdicción de los municipios, ya que los espectaculares se colocan en propiedad privada donde impuestos, como el predial, son de competencia municipal.

“No existe fundamento constitucional en donde se pueda menoscabar el patrimonio del municipio sin previa autorización o convenio con cada ayuntamiento”, subrayó.

Mientras que en la reforma hecha a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, apuntó que faculta al fiscal para que nombre a un encargado de despacho, pero es un fraude a la ley, ya que permite omitir la participación del Congreso en su designación.

Destacó que la iniciativa debe garantizar la independencia de los fiscales para investigar, que la FGE cuente con el presupuesto necesario, una revisión de las causales de destitución e incluir en el procedimiento de la formación de la lista de 10 personas a ser candidatos.