Antes de finalizar su administración, Antonio Gali Fayad les dejó de ‘recuerdo’ a los diputados de Juntos Haremos Historia un último veto en contra de las reformas aprobadas a la Ley del Agua con las que el Congreso local recuperaba la facultad de fijar las tarifas para el cobro del servicio del vital líquido, además de restablecer el tipo de cobro bimestral.

Fue el presidente de la Mesa Directiva, José Juan Espinosa Torres, quien indicó que derivado del veto aplicado por la pasada administración estatal en contra de las reformas a los artículos 109, 116, 117 y 118 de la Ley del Agua, no fueron incluidas dentro de la Ley de Ingresos del Municipio de Puebla las tarifas por el servicio del agua, así como las tablas de estratificación.

Pese a dar a conocer el veto aplicado por el ex gobernador Antonio Gali al dictamen aprobado el pasado 26 de noviembre en el Pleno del Poder Legislativo local, Espinosa Torres evitó dar detalles respecto de las observaciones realizadas por el ex titular del Ejecutivo y sólo se limitó a señalar que dichas observaciones son de corte ‘político y jurídico’.

“No se incluyeron las tablas del cobro del agua, les informo que antes de que se fuera el gobernador Gali vetó las reformas a la Ley del Agua que permitían que el Congreso del Estado regulara las tarifas de agua”, comentó Espinosa Torres.

Cabe recordar que con la reforma al artículo 109, se buscaba que el pago por el servicio del agua que realizan los usuarios a Agua de Puebla fuera de forma bimestral y ya no mensual, como actualmente se hace.

Mientras que las modificaciones a los artículos 116, 117 y 118 establecían que fuera el Congreso el encargado de revisar y autorizar la estructura tarifaria para el cobro por el servicio del agua, facultad que posee la empresa que desde 2014 cuenta con la concesión del agua en Puebla, Concesiones Integrales.

Esta no fue la única reforma ‘barbosista’ que el mandatario Antonio Gali vetó pues también realizó observaciones a las reformas hechas para eliminar la ‘Ley Bala’; a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado (FGE) para remover a Gilberto Bernal como encargado de despacho; a la Ley de Expropiación del Estado para eliminar la expropiación exprés, por mencionar algunas.