Ahora parece que el delito más grave es el ‘lavado’ de dinero o ―como se denomina en Sudamérica― el ‘lavado’ de activos; incluso, la sensación de la población en general es que resulta más grave que cualquier delito que atañe a la salud o la vida, pues los medios de comunicación insistentemente ponen en ocho columnas la persecución de los responsables de la comisión del delito de ‘lavado’ de dinero, los nuevos procedimientos para detectar ese delito, la ayuda que hay en las dependencias públicas para combatir ese delito, los acuerdos que se firman para su persecución a nivel internacional. Y, tristemente, pareciera que se deja a su suerte a las víctimas de los desplazamientos forzados, de las desapariciones, de los feminicidios, de los homicidios con violencia, de las violaciones, etcétera; delitos en donde las víctimas deben deambular de dependencia en dependencia pidiendo la limosna mal llamada justicia.

Pero, a diferencia de las víctimas de esos delitos tan atroces y evidentes, víctimas de carne y hueso y que, en muchas de las ocasiones deben cobijarse en organizaciones no gubernamentales, en asociaciones a favor de las víctimas o que, en definitiva, han creado sus propias leyes u organizaciones no escritas ni oficiales para resguardar su integridad y la de los suyos, con el delito de ‘lavado’ de dinero cabe hacerse las preguntas: ¿quiénes son las víctimas?, o ¿qué pasa si el delito fuera el ‘lavado’ de delincuentes?

Y es que pareciera que, de haberse legislado, en lugar del delito de ‘lavado’ de dinero, el del ‘lavado’ de delincuentes, otra cosa hubiera sucedido en la historia de la humanidad. Sería más efectiva la persecución de esta serie de acciones y maquinaciones que los extremadamente millonarios del mundo han producido a lo largo de la historia de la humanidad, los que controlan los mercados mundiales y la economía de muchos de los países y quienes han dejado a su suerte a las poblaciones y naciones; aquellos contra quienes simplemente planear o pensar (ni siquiera accionar) políticas en contra de sus grandes intereses es suficiente para que toda una nación caiga en la pobreza o en un golpe de Estado.

De haberse legislado sobre el delito de ‘lavado’ de delincuentes, desde luego que la historia sería otra. Por ejemplo, los piratas ingleses de los tiempos de la colonia española que permitieron que Inglaterra obtuviera el control del mundo no hubieran sido nunca condecorados por la corona inglesa por sus méritos en el pillaje; al contrario, hubieran caído en la desgracia de las mazmorras. Los saqueadores de las minas de plata de Potosí en Bolivia, evento en el que ―a decir de la historia― murieron seis millones de personas entre la conquista y los trabajos forzados de la mina, nunca hubieran conformado los grandes capitales europeos a costa de la explotación de ese lugar, lo mismo que sucedió con aquellos que explotaron las minas de oro de la ciudad de Ouro Preto en Brasil o con los sembradíos de caña de azúcar en las islas del caribe y en México o con las siembras del plátano en Centro América (Avila, Ramiro, La utopía del oprimido, Ciudad de México: Akal, 2019). De haberse tipificado ese delito de ‘lavado’ de delincuentes, todos aquellos no hubieran sido condecorados por las coronas europeas ni hubieran obtenido las riquezas que sustrajeron de América.

Incluso, no es necesario remontarse a esos tiempos tan lejanos, pues, de haberse legislado sobre el delito de ‘lavado’ de delincuentes, las grandes compañías alemanas y norteamericanas que auspiciaron a los nazis (que después provocaron la segunda guerra mundial con sus 20 millones de muertos) no serían hoy las grandes empresas que controlan los mercados mundiales de los vehículos, de la industria farmacéutica, de la refresquera, etcétera; de la misma forma que el norteamericano anteriormente denominado ‘pirata’ Roquefeller no sería llamado después, amable y cortésmente, el filántropo ‘Roquefeller’ (Galeano, Eduardo, Patas arriba, México: Siglo XXI, 2009). Y así sucedería con otros, muchos otros que no hubieran terminado recibiendo las grandes condecoraciones monárquicas ni controlado los mercados mundiales, menos aún, ostentado el poder político de muchas de las naciones. Pues bien, pareciera que el delito más grave no es el ‘lavado’ de dinero, sino que aún ―por lo menos eso dice la historia― es el ‘lavado’ de delincuentes, pero no se ha legislado todavía.