Todo da a entender que el camino está trazado: todo es delincuencia organizada en México, pareciera que la receta de cocina es que las reformas que se van a suceder en el año de 2020, que muchas de las conductas que el Estado no sabe cómo resolver serán consideradas delincuencia organizada; es decir, se mexicanizará la delincuencia organizada. Para la comisión de ese supuesto delito se requieren tres o más personas y como aquí somos tantos, será muy sencillo que se tipifique cualquier conducta como delincuencia organizada.
Ya pasaron lista como delincuencia organizada los delitos fiscales del contrabando, la defraudación fiscal, la elusión fiscal, declarar ingresos menores a los que realmente corresponde, declarar deducciones mayores a las que realmente corresponde, no presentar la declaración del ejercicio fiscal después de 12 meses de la fecha de vencimiento y, finalmente, el delito de expedición, enajenación, adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes. En todos estos delitos, si el monto de la omisión de contribuciones y, en el caso, de los comprobantes fiscales, es aproximadamente mayor a siete millones setecientos mil pesos, se considerará como delincuencia organizada.
Es inminente que suceda lo mismo con el denominado outsourcing, que consiste en que los trabajadores y empleados de un patrón, necesarios para realizar su actividad económica, sean contratados por una entidad distinta al patrón material. Como ésta se ha convertido en una actividad muy común que en muchas ocasiones deja a su suerte a los trabajadores o, bien, representa actos de omisión de contribuciones, en este año de 2020 se convertirá también en delincuencia organizada y, con ello, se castigará con prisión preventiva.
El problema de los delitos fiscales y del fenómeno del outsourcing lo sintetiza magistralmente el profesor Hans Küng, que indica: “El Estado no puede gastar más de lo que los ciudadanos sean capaces y estén dispuestos a pagar mediante impuestos; impuestos demasiado elevados propician la economía sumergida, así como el fraude y la evasión fiscal, tanto pequeña como a gran escala” (Küng, Hans, Una economía decente en la era de la globalización, Madrid, Editorial Trotta, 2019).
Y esto es lo que sucede actualmente en México. No se puede combatir estas prácticas indebidas con el derecho penal en un país donde las contribuciones son tan altas y hay un exceso de regulaciones últimamente (sobre todo en el caso de las obligaciones de carácter formal en materia fiscal); en un país donde no basta con contar con contabilidad, presentar declaraciones y avisos, sino donde también hay que cumplir con muchas obligaciones que se han sobrepasado con los particulares como contribuyentes. Por ende, lo que está sucediendo en México es que lo lícito sea más complicado que lo ilícito, que sea más fácil hacer las cosas que son ilegales y que cualquier contribuyente caiga en las irregularidades, en vez de que cumpla con sus obligaciones y no caigan en errores que le provoquen multas y demás consecuencias.
En realidad, en lugar de mexicanizar la delincuencia organizada y que todo sea ese delito para que, con ello, el Estado justifique su trabajo, lo que deben hacer los legisladores es considerar, al momento de dictar y aprobar las leyes, que lo lícito sea más fácil por hacer que lo ilícito; pues aquí sucede lo contrario. Poner cualquier negocio está lleno de trámites administrativos, licencias y permisos. Razón por la cual el problema en México es la legislación de tantas prohibiciones, que es mas fácil caer en la ilegalidad; es más fácil haber cometido alguna infracción, incluso, algún delito que el ser un ciudadano ejemplar que cumple con sus obligaciones. Ahora que es inminente el inicio de las funciones legislativas del Congreso de la unión, es necesario que se olviden de seguir legislando sobre la delincuencia organizada y den prioridad a una forma de legislar para que a los ciudadanos les sea más sencillo caer en lo lícito que en lo ilícito. De otra forma, lo que se propone es, más que nada, hacer caer a los simples ciudadanos en el error y, con ello, que el derecho penal se vuelva control político sobre los ciudadanos.
