Gerardo Ruiz Esparza, ex secretario de Comunicaciones y Transportes, se encuentra en la mira de la Unidad de Inteligencia Financiera toda vez que durante su etapa como funcionario federal favoreció a la empresa OHL a través de múltiples contratos, entre los que destacan la construcción del Segundo Piso de la Autopista México-Puebla, que tuvo un costo de más de 10 mil 500 millones de pesos y se le detectó un sobrecosto del 200 por ciento.

Fue el titular de la UIF, Santiago Nieto, quien informó que el funcionario federal se encuentra en un proceso de investigación por la entrega de estos contratos en los que se presume que hubo actos de corrupción.

En mayo del 2015 se dio a conocer el audio escándalo de OHL, en el cual directivos de la empresa reconocían que había existido un sobrecosto en la realización del Viaducto Bicentenario en el Estado de México.

En el caso específico de Puebla, la empresa formó parte de la construcción del Segundo Piso de la Autopista México-Puebla, obteniendo la concesión de la vialidad por un periodo de 30 años en participación con Pinfra.

Dicha obra pública fue una de las grandes herencias que dejaron los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Rafael Moreno Valle para Puebla, pues en total se destinaron 10 millones de pesos aportados entre las empresas y los gobiernos.

Segundo Piso tuvo un sobrecosto del 200 por ciento

En su edición del 19 de agosto del 2014, CAMBIO dio a conocer que el costo de la construcción del Segundo Piso tendría sobrecosto del 200 por ciento, toda vez que viaducto elevado de la autopista México-Toluca, con una extensión de 13 kilómetros tuvo un precio de tres mil 500 millones de pesos.

Dicha cifra es muy inferior a lo que costó la vialidad poblana, a pesar de que tenían una longitud muy similar, pues las obras en territorio poblano eran por 13.5 kilómetros, sin embargo el costo fue de 10 mil 500 millones de pesos.

Durante el arranque del proyecto, el propio Gerardo Ruiz Esparza estuvo presente toda vez que el contrato le fue entregado a OHL sin haber participado en una licitación para poder ganarlo.

De esta manera el ex titular de la SCT es el sexto funcionario del gobierno de Enrique Peña Nieto que se encuentra siendo investigado por la actual administración federal, ya que Rosario Robles, ex titular de Sedatu; Joaquín Coldwell, ex secretario de Energía;  Idelfonso Guarjardo, ex secretario de Economía; Emilio Lozoya, ex director de Pemex; y León Trauwitz, ex jefe de escoltas presidenciales, también son investigados.