Ante estos fenómenos globales, vuelve la esencia de la lucha que se libraron durante la baja Edad Media europea por afirmar o reconquistar los derechos, prerrogativas y libertades de las ciudades, burgos y comunas respecto de los señoríos y los imperios. Podría decirse, analógicamente, que cada intento histórico de dominación política y cultural ha generado, a contracorriente, el renacimiento defensivo de los núcleos humanos originales.
Sin embargo, las raíces municipalistas de América Latina son diferentes a las europeas, ya que en nuestra región, los municipios en principio son la expresión de la implantación colonial y religiosa, ya que se fundaron poblados bajo el nombre de municipios y ciudades que luego fueron convalidados y formalizados por las potestades metropolitanas. No se trata de comunidades originales, sino de asentamientos impuestos mediante la dominación. Al punto que en los albores de la independencia surge, precisamente de esos núcleos, la teoría de la recuperación de la soberanía por los municipios.
Lo que importa subrayar es que todas las formas de organización política que se dieron en América Latina a partir de la independencia tuvieron como referencia el sometimiento de las comunidades en la supeditación jerárquica de las autoridades municipales y locales a los caudillos en turno. Es así que la conformación latinoamericana se asemeja más a la imagen de una pirámide de cacicazgos que a un orden democrático regido por el respeto a cada una de las entidades que lo componen.
Dicho proceso de colonización es la razón por la cual a pesar de que algunos de los países latinoamericanos, como es el caso de Argentina, Brasil y México, hayan optado por el sistema federalista de gobierno, éste ha sido insuficiente para descentralizar el poder político y el desarrollo económico. Si bien en sus orígenes la lucha por la implantación del federalismo corresponde al reconocimiento de la diversidad regional y a la necesidad de afirmar la autonomía de las dirigencias sociales dominantes en las distintas comarcas, éstas erigen, con el tiempo, nuevas modalidades de dominación y desenvuelven caudillismos desconcentrados bajo distintas máscaras.
En México, a pesar de los textos constitucionales, hemos padecido en nuestro país un doble proceso de concentración política y económica. El primero, que hace gravitar a las entidades federativas en torno a los poderes centrales. El segundo, que limita y somete el desenvolvimiento de las capacidades comunitarias y municipales a la supremacía política, administrativa y económica de los poderes de los estados de la Unión.
Por ejemplo, el artículo 41 de la Constitución estipula que “el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos y por los de los estados, en lo que toca a sus regímenes interiores”; sin hacer mención alguna a los municipios que son, de toda evidencia, el ámbito original del ejercicio de la soberanía popular.
Para redondear estos agravios, el artículo 115 establece que los estados tendrán “como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre”. Esto es, que el régimen municipal está enmarcado y sujeto, por tanto, al régimen interno de los estados, y no, como sería deseable, que el municipio es la célula original del poder político y un elemento imprescindible del sistema federativo, vale decir, del Estado-nación.
Por tanto, la descentralización de los poderes públicos y la reconstrucción de la soberanía desde su base ciudadana constituyen los instrumentos imprescindibles para evitar la concentración del poder y combatir el más grave problema que afrontamos: la creciente desigualdad económica y social de nuestros pueblos. Entre los puntos relevantes que debería contener la reforma federalista se encuentra una profunda reforma del Estado que otorgue derechos plenos de desarrollo y reordenamiento a cada municipio, la descentralización de los tres ámbitos de gobierno y la redistribución de las competencias, entre ellos el reconocimiento de la asimetría de las entidades locales y su diversidad de formas de organización (asociatividad municipal y regional de los estados) y una nueva reforma fiscal federalista.
Sólo la promoción del desarrollo local y el mejoramiento sustantivo de todas las comunidades permitiría contrarrestar, en un plazo razonable, la heterogeneidad estructural de nuestras sociedades.