En el final de estas campañas, la semana entrante, el ciudadano común queda más confundido y enojado que nunca: se enteró de la vida y milagros de quienes aspiran a gobernar su municipio, su estado, su país y tiene la pésima impresión de que todos son iguales.
Los aspirantes a diputados, senadores, gobernadores y alcaldes de los principales municipios son millonarios, según sus oponentes, y todos han hecho sus fortunas -calculadas en estratosféricas cantidades- de forma ilegal a costa del erario público.
Las acusaciones con o sin fundamento, los insultos, las calumnias, prevalecieron de principio a fin. Los debates sirvieron para lanzarse acusaciones unos a otros a través de la televisión.
Se trasmitieron millones de spots televisivos en todas las estaciones del país.
Todos prometen acabar con la inseguridad, con la corrupción, como si eso fuera cuestión de decreto o voluntad.
Nadie parece creer en los ofrecimientos que los candidatos hicieron o siguen haciendo, todos saben, por sentido común, que acabar con la delincuencia aumentando el número de policías y patrullas es algo que no ha dado resultado, pues ha sido la estrategia que se ha seguido desde que el problema de inseguridad se inició, en los tiempos de Calderón Hinojosa. El problema es más complicado: la inseguridad se puede enfrentar, sí, con más y mejores policías bien pagados, pero aun más con un sistema judicial efectivo que no ponga en liberad, por falta de pruebas, a los delincuentes; al mismo tiempo, deberá implementarse una política social que permita elevar el nivel educativo y cultural de la población, pero sobre todo, resolver los graves problemas de pobreza y desigualdad que prevalecen en numerosas partes del país, entre ellas la entidad poblana, que cayó en el cuarto lugar en esos rubros, después de los tradicionales tres primeros lugares ocupados desde hace décadas por los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero.
El impulso al campo se hace indispensable, pero también la creación de empleos en las ciudades y pueblos, pues sin ingresos, hombres y mujeres tendrán que buscar el sustento para sus familias donde sea que lo encuentren.
La migración hacia Estados Unidos en busca de trabajo ya no es la solución. La dura política del presidente de aquel país contra la migración lo impide. Se hace necesario, urgente, buscar soluciones aquí mismo.
Tampoco la corrupción se terminará por decreto o con la expedición de leyes que nadie cumple. Será un proceso de mediano y largo plazo, pues combatir ese mal entre los cuerpos policiacos y presidentes municipales y regidores no resuelve absolutamente nada.
La corrupción debe combatirse en las altas esferas del poder, entre los funcionarios que se llevan millones de pesos en la realización de alguna obra pública, entre quienes realizan transacciones con constructoras y grandes empresas comerciales mediante un porcentaje que ya no es del 10 por ciento, sino del 20 y más.
El combate a la corrupción ha quedado en eso: en hacer creer al pueblo, que siempre suponen ingenuo, que castigando a agentes de tránsito, a empleados de algunas dependencias que piden alguna pequeña gratificación por acelerar un trámite, la corrupción se acaba. No, se va a acabar cuando se castigue a quienes construyen obras con valor millonario, cuyo costo es incrementado también en millones; o a quienes hagan compras millonarias para el estado y por ello reciban también comisiones millonarias. Y eso no se va a lograr de la noche a la mañana. Será un proceso de mediano y largo plazo y se requiere, además de leyes adecuadas, voluntad política, algo de lo que casi siempre han carecido nuestros gobernantes.
Le dijimos hace unas semanas en este espacio que en esta etapa habría una guerra de encuestas. Las encuestas son útiles para ciertas cosas y en determinados casos, pero en cuestiones políticas no pueden ser determinantes, porque están en juego muchos intereses. Se utilizan para hacer creer a los diversos sectores de la población que tal candidato o tal partido están arriba de todos los demás......
Además, las mismas empresas encuestadoras saben que en casos de encuestas políticas los entrevistados mienten en un alto porcentaje, se niegan a responder y que las respuestas sinceras son muy pocas.
Las fallas se detectan en encuestas cara a cara de encuestador a encuestado, pero sobre todo, en las que se realizan por teléfono.
Hay expertos en estas cuestiones que consideran que pese al alboroto que se ha hecho sobre cuestiones políticas, en este proceso habrá un elevado índice de abstencionismo y un alto porcentaje de indecisos, que pueden ser quienes decidan el resultado de la elección en el último momento.