De las nueve elecciones de gobernador que hubo el 1 de julio, sólo el caso Puebla está en la agenda de resolutivos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), pues los resultados de las otras ocho no fueron impugnados. Dado que tampoco hay impugnación presidencial, la vía está abierta para que los siete magistrados resuelvan con celeridad para antes del 1 de diciembre, frontera política de todos los resquemores.
En la fecha está el mensaje, murmura la clase política poblana. Si el TEPJF resuelve antes de que Andrés Manuel López Obrador tome protesta, será un indicativo de que, tras el estudio del fondo, Martha Erika Alonso será ratificada como ganadora de la elección a la gubernatura. Pero si pasa el 1 de diciembre y la impugnación no se resuelve, entonces cualquier cosa puede pasar, como que se declare la nulidad y se desencadene el caos en la entidad.
Como sucede en este tipo de casos, los partidarios de Martha Erika calculan que el fallo llegará entre la tercera y cuarta semana de noviembre, es decir, antes del temido 1 de diciembre, mientras que la gente de Morena señala que esto ocurrirá después de la toma de protesta de López Obrador, cuando todos los aliados de Moreno Valle ya se hayan ido a su casa.
Imposible saber qué bando tiene la razón en cuanto a los tiempos, pero lo que sí es evidente es que la tensión acumulada, la impaciencia, empieza a cobrar facturas en ambos bandos, cuya muestra visible son las dos o tres veces que José Juan Espinosa y Marcelo García Almaguer han estado a punto de llegar a las manos para resolver los problemas en el seno del Congreso local.
Ayer mismo ocurrieron dos hechos notables en este proceso lleno de incertidumbre.
Primero, la Sala Superior del TEPJF resolvió el único asunto de gran envergadura antes de Puebla, la elección de la alcaldía de Monterrey, y la anuló por votación de cuatro contra tres en medio del terrible agarrón entre los magistrados. Los cuatro que votaron por la anulación utilizaron como argumento la falta de certeza por la violación de la cadena de custodia, justo como la pelea de los ‘barbosistas’.
Segundo, precisamente ayer la ponencia del magistrado a cargo del asunto, requirió al consejero presidente del IEE toda la información relativa a la cadena de custodia de la elección de Puebla que incluye bitácoras, videos de vigilancia, actas notariales y relación de personas autorizadas a ingresar a la bodega de San Jerónimo Caleras, desde donde partieron los paquetes electorales a la Sala Regional del TEPJF para hacer el nuevo recuento voto por voto, casilla por casilla.
De acuerdo con los morenovallistas, tal requerimiento es perfectamente normal, mientras que para Morena en Puebla es una señal de que la impugnación avanza conforme a la ruta diseñada para tumbar la elección. Es decir, cada quien ‘jala agua a su molino’.
Por supuesto, el PAN está decidido a acelerar el proceso resolutivo, pues la negativa de Barbosa a aceptar el resultado, además de la postura de Yeidckol Polevnsky, tiene implicaciones presupuestales desastrosas ahora que se avecinan los tiempos de aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación, y luego, el del estado en el Congreso.
La negativa a reconocer el triunfo de Martha Erika tiene ‘congeladas’ las relaciones con el equipo económico de Carlos Urzúa, próximo titular de Hacienda en la 4T, pero además, sin conocer las cifras, el proyecto de paquete económico local parece va a elaborarse a ciegas ahora que Biestro rechazó una reforma legal para retrasar su presentación como pedía el titular de Finanzas.
El que espera, desespera, dice el viejo apotegma. Ojalá que los magistrados del TEPJF, ahora que no andan sobrados de trabajo, aceleren los tiempos y terminen con la incertidumbre que se vive en Puebla y se traduce en parálisis política y económica.