A una semana de su detención, los 124 policías ‘cachirules’ que solicitaron la duplicidad del término constitucional fueron vinculados a proceso por el delito de usurpación de funciones, con lo que permanecerán retenidos en los Centros Penitenciarios de San Miguel y Tepexi de Rodríguez.

A pesar que durante la exposición de los abogados de oficio y particulares se exhibió que los policías cuentan con nombramientos y credenciales firmadas por el Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, presidido por Rafael Núñez Ramírez, éstos no fueron tomados en cuenta por los juzgadores, mismos que CAMBIO evidenció durante las ediciones del 7 y 8 de mayo.

Aunque se desconoce el plazo de investigación otorgado para la aportación de datos de prueba concedido por el juez, los defensores ya planean su estrategia legal, en la que incluso han considerado solicitar el procedimiento abreviado.

Polis cachirules permanecerán en prisión

Tras la vinculación a proceso de los altos mandos de la seguridad en Texmelucan, Miguel Ángel Jacinto Fragoso, comisario de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, y el director de Seguridad, Sinohé Jerónimo León Sánchez, este miércoles se llevaron a cabo las audiencias de los uniformados que restaban por definir su situación jurídica.

"Durante la audiencia, el juez de control determinó que existen elementos suficientes para establecer la responsabilidad de ambos mandos y su chofer. Los delitos que se les imputan son cohecho y abuso de autoridad", señaló la FGE a través de un comunicado.

Las audiencias iniciaron a partir de las 09:00 horas, por lo que a las afueras del recinto de justicia se encontraban decenas de familiares de los policías imputados, que poco a poco vieron cómo se diluían las esperanzas de que sus familiares fueran liberados.

Los 124 elementos que se encontraban pendientes de resolución y que fueron detenidos el pasado 2 de mayo en las instalaciones de seguridad de Texmelucan, fueron vinculados a proceso por el delito de usurpación de funciones, aunque, la mayoría, sin agravantes por la portación del uniforme, a pesar de que no existe dolo de su parte; no obstante, permanecerán con la medida cautelar de prisión preventiva, las mujeres en el penal de San Miguel y los hombres en Tepexi de Rodríguez.

Ante esto, los abogados se plantean solicitar a la Fiscalía General del Estado (FGE) un procedimiento abreviado, sin embargo, con esto los uniformados aceptarían su culpa a cambio de salir de prisión, los que les impediría ser elementos de seguridad.