Domingo, 27 de Septiembre del 2020

Pese a acreditarse como servidores públicos acusan a polis cachirules de usurpar funciones

Miércoles, 09 Mayo 2018 02:55
Pese a acreditarse como servidores públicos acusan a polis cachirules de usurpar funciones

Las entrevistas con agentes del MP se realizaron sin la presencia de algún abogado, dejándolos en indefensión. Los ex funcionarios cuentan con el alta ante el Registro Nacional de Seguridad Pública que los avala como servidores públicos y la Clave Única de Identificación Policial, pero esto no es suficiente para las autoridades

Carlos Cózatl Martínez / @cr_cozatl



A pesar de contar con el alta ante el Registro Nacional de Seguridad Pública (RNSP) que los avala como servidores públicos a cargo de la seguridad del municipio de San Martín Texmelucan y con la Clave Única de Identificación Policial (CUIP), varios uniformados fueron imputados por el delito de usurpación de funciones.


Tal es el caso de la oficial Catalina N, quien cuenta con su cédula de inscripción y el CUIP, sin embargo, fue imputada por el delito de usurpación de funciones y trasladada al Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel.


De acuerdo con fuentes consultadas por CAMBIO, los policías municipales no lograron otro tipo de medida cautelar debido a que no proporcionaron sus datos al momento de la entrevista con los agentes del Ministerio Público, a pesar de que se realizaron sin la presencia de algún abogado, dejándolos en estado de indefensión.


De los 136 uniformados detenidos, ocho consiguieron que el juez de control dictara otro tipo de medidas cautelares, 127 permanecen en prisión preventiva y sólo uno de ellos logró ser liberado.


Policías con CUIP siguen en prisión


Con base en el Registro Nacional de Seguridad Pública (RNSP), plataforma en la que todos los elementos de seguridad deben estar dados de alta y cuenta con los datos personales de los uniformados, desarrollo académico, domicilio actual, referencias y estudios socioeconómicos, esta cédula sirve como el primer filtro para conseguir el CUIP y completar el registro ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).


Aunque no todos los 127 detenidos cuentan con esta documentación, al menos sí el 50 por ciento de ellos se encuentran registrados y un 10 por ciento tiene CUIP, que los acredita como funcionarios públicos de seguridad.


No obstante, la Fiscalía General del Estado los ha imputado por el delito de usurpación de funciones, a pesar de contar con los nombramientos respectivos, credenciales, recibos de nómina y estar dados de alta en la plataforma.


Un claro ejemplo de ello es la uniformada Catalina N, de 35 años de edad, que actualmente se encuentra recluida en el penal de San Miguel, es defendida por un abogado de oficio, luego de que su representante legal no se hallara presente para ser parte de la audiencia inicial, lo que ocasionó que al no saber de la carpeta de investigación quedó en indefensión a pesar de que en la misma se encuentra su número CUIP dentro de las fojas.


En la última hoja de su cedula de identificación personal, dentro del área de sus datos generales, que la ubican como trabajadora de la Dirección de la Seguridad Pública, se observa su CUIP de 19 caracteres, conformado por letras de su nombre y apellidos, así como una serie numérica.


En dicho documento también están plasmadas sus huellas dactilares, con lo que se corrobora que no ha cometido el delito de usurpación de funciones, al contar con un registro dentro de la plataforma nacional.


Por no dar datos personales cachirules no justifican arraigo


La explicación que dio el juez de control para mantener a los policías ‘cachirules’ en prisión preventiva, a parte de considerarlos un ‘peligro para la sociedad’, fue que los uniformados detenidos no brindaron, dentro de la carpeta de investigación, su domicilio durante la entrevista con los agentes ministeriales.


Esto debido a que desconocían que al no dar su información, no justificaron tener arraigo en algún inmueble, lo que imposibilitó que se determinara una medida cautelar distinta a la prisión preventiva.


“Los ministeriales lo hicieron con dolo, sabían que si no daban sus datos quedaría en prisión, a pesar de que ellos asentaron en dicha acta que los brindarían hasta tener a su abogado presente, lo que significa que tomaron la entrevista vulnerando sus derechos”, aseguró la fuente consultada por CAMBIO.


Esto se percibe en el documento denominado ‘Consentimiento para realizar la entrevista de evaluación de riesgos’, done señala que la información que brinde no será utilizada para demostrar su culpabilidad, no obstante sólo dieron su nombre sin referir otra información, pues al calce escribieron la leyenda “No es mi deseo proporcionar la información, hasta poder hablar con mi abogado”, situación que no sucedió luego de varias horas.