Olga Sánchez Cordero pasará de ser la salvadora de Mario Marín Torres a ser su verdugo, pues como próxima titular de la Secretaría de Gobernación federal será la encargada de retomar las investigaciones del caso Lydia Cacho, mismo al que ella le dio carpetazo hace 13 años, cuando era magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La semana pasada el Comité de Derechos Humanos de la ONU ordenó al Estado Mexicano reabrir las investigaciones para juzgar y sancionar a los responsables de violar los derechos de la periodista mexicana, dando un plazo de 180 días para presentar un informe de los avances.

Sin embargo, ante el próximo cambio de gobierno federal que se realizará el 1 de diciembre, será responsabilidad de Andrés Manuel López Obrador dar seguimiento al caso y agotar todas las instancias para que no quede impune.

Esto propiciará una vez más la participación de Sánchez Cordero en el caso, dado que a través de la Secretaría de Gobernación (Segob) deberá atender las investigaciones y resoluciones de la ONU.

El reporte de la ONU establece que las autoridades mexicanas deberán realizar una investigación imparcial, pronta y exhaustiva sobre los hechos denunciados, juzgar y sancionar a aquellas personas que estuvieron involucradas en los acontecimientos, otorgar una compensación para la periodista y establecer los mecanismos necesarios para evitar que este tipo de situaciones se vuelvan a presentar.

Hace 11 años cerró el caso a favor de Marín

El 29 de noviembre de 2007, Olga Sánchez “salvó” a Marín Torres de ser declarado culpable de orquestar la conspiración en contra de Cacho Ribeiro, pues aunque se esperaba que votara en contra del político poblano, sorpresivamente votó a favor de su inocencia.

En aquella ocasión, la entonces magistrada reconoció que hubo una serie de violaciones a los derechos políticos de la periodista durante su traslado de Quintana Roo hacia la entidad poblana, pero consideró que éstas no fueron de gravedad.

Asimismo, señaló que los resultados de las investigaciones previas no eran suficientes para que ella considerara que existió una prohibición a la libertad de expresión de la comunicadora, por lo cual votó en contra de Lydia Cacho.

“En mi opinión los datos arrojados por esta investigación, los arrojados por la averiguación previa, por la ejecución de la orden de captura y por la incertidumbre jurídica que se generó con la detención, así como el trato singular al que fue expuesta en razón de su condición, para mí no son suficientes para arribar a la conclusión de que la actuación de las autoridades sí vulneró su libertad de prensa y de libre expresión que consagran los artículos sexto y séptimo constitucionales, pues no se advierten elementos que supongan que la manifestación de las ideas por parte de Lydia Cacho, ha sido motivo de inquisición judicial o administrativa”, dijo en su ponencia.

Con su voto se dio una resolución positiva a favor de Mario Marín, pues además de ella los magistrados Mariano Azuela, Sergio Aguirre Anguiano, Sergio Valls, Guillermo Ortiz Mayagoitia y Margarita Luna Ramos se pronunciaron a favor del entonces mandatario poblano. 

Del otro lado, Juan Silva Meza, Genaro Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo y José Ramón Cossío Díaz emitieron una postura a favor de Lydia Cacho, no obstante, al final la votación fue 6-4 a favor de Marín Torres.