La ‘Ley Bala’, la designación ‘a modo’ de funcionarios públicos, la aprobación mecánica de las iniciativas del Ejecutivo y un Congreso sin oposición son parte del legado que dejan los diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura que hoy llega a su fin tras permanecer en el cargo durante cuatro años ocho meses.

En dicho lapso los diputados, en su mayoría morenovallistas o aliados a este grupo político, generaron más escándalo que acciones positivas en el Pleno.

La Quincuagésima Novena Legislatura se caracterizó por aprobar, en la mayoría de los casos, sin chistar las iniciativas presentadas por el Ejecutivo; entre ellas algunas que generaron violencia e ingobernabilidad  como el caso de la ‘Ley Bala’.

Ley Bala, la legislación que acabó con la vida de un niño

Fue el 12 de mayo del 2014 cuando el entonces gobernador Rafael Moreno Valle presentó una iniciativa de ley “para proteger los Derechos Humanos y para regular el uso Legítimo de la Fuerza por las Instituciones policiales de la entidad”, bautizada como ‘Ley Bala’, debido a que ésta contemplaba el uso discrecional de las armas de fuego por parte de policías en contra de manifestantes.

Esta situación, que pretendía facultar a los policías estatales a usar armas de fuego durante movilizaciones sociales, generó un gran escándalo tanto a nivel nacional como internacional, por lo que los legisladores de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales modificaron el dictamen, prohibiendo el uso de las armas de fuego, sin embargo, se aprobó la utilización de armas no letales para dispersar las manifestaciones. Esta ley fue aprobada el 19 de mayo, cuatro días después de su presentación, con 35 votos a favor.

Apenas 45 días tras su aprobación esta ley fue estrenada en contra de habitantes de  Coxcatlán, Zoquitlán, Ajalpan y Tehuacán, quienes se manifestaron a las afueras del CIS de este municipio para exigir el regreso del Registro Civil a sus juntas auxiliares. El saldo fue de 30 heridos, seis detenidos, ocho desaparecidos y cinco reporteros golpeados en el enfrentamiento en la carretera federal Puebla-Tehuacán.

Fue el 9 de julio de 2014 cuando el gobierno morenovallista puso en práctica nuevamente la ‘Ley Bala’, en esta ocasión en contra de los pobladores de la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, perteneciente a Santa Clara Ocoyucan, que bloquearon la autopista Puebla-Atlixco para exigir el regreso del Registro Civil.

Fueron cerca de 500 pobladores los que aquel día se enfrentaron contra un desorganizado cuerpo de granaderos de la Policía Estatal, sin embargo, los uniformados  detonaron las armas con balas de goma directamente en contra de los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan: uno de los proyectiles impactó en la cabeza del menor José Luis Tehuatlie Tamayo, horas después el niño falleció.

Imponen y protegen al fiscal carnal

En diciembre de 2015 los legisladores que se despiden este viernes del cargo aprobaron la transformación de la entones Procuraduría General de Justicia (PGJ) a la nueva Fiscalía General del Estado (FGE), asegurado el pase directo de una dependencia a otra de Víctor Carrancá Bourget hasta 2023, funcionario que llegó a Puebla de la mano de Rafael Moreno Valle al inicio de su mandato en 2011.

Con la transformación de PGJ a FGE se planteó que Carrancá Bourget permaneciera hasta siete años al frente del cargo, sin embargo, recientemente presentó su renuncia.

Ante la licencia solicitada de Carrancá Bourget para separarse del cargo ‘por motivos de salud’ y ante la crisis de seguridad en la entidad poblana, los diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura modificaron la Ley Orgánica de la FGE para facultar al todavía titular para nombrar a su encargado de despacho y así dejar a Gilberto Higuera Bernal al frente de la dependencia hasta el 5 de enero de 2023.

Nombramientos a modo

Luis Banck Serrato, Gabriela Sierra Palacios, Héctor Sánchez o Jorge Cruz Bermúdez son algunos de los perfiles que el Congreso del Estado durante la legislatura designó en carteras importantes gracias a la relación de éstos con el morenovallismo y el galicismo.

El más polémico fue el del actual presidente municipal de la capital, Luis Banck Serrato, a quien los legisladores nombraron la noche del sábado 20 de febrero de 2016 con el rechazo de la fracción priista, luego de que Antonio Gali Fayad solicitara separarse del cargo para buscar la ‘minigubernatura’.

Asimismo, los legisladores asignaron a Gabriela Sierra, familiar de Martha Erika Alonso, como miembro del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado (ITAIP), cargo en el que permanecerá hasta 2023.

Los últimos nombramientos ‘a modo’ por parte de los legisladores morenovallistas de la Quincuagésima Novena Legislatura son los del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez, quien llegó a la presidencia de este poder tras la salida de Roberto Flores Toledano; además de la designación del ahijado político de Luis Maldonado Venegas, Jorge Cruz Bermúdez, quien sin experiencia en derecho penal o carrera en el Poder Judicial fue nombrado magistrado.

Caso Eduardo Rivera

A pesar de que los diputados morenovallistas emprendieron una ‘cacería de brujas’ en contra del ex presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, por supuestas  irregularidades en su cuenta pública de 2013, el yunquista logró propinarle un revés al Congreso del Estado luego de que un juez federal le otorgara un amparo para que su balance financiero fuera aprobado.

La jugada emprendida para dejar fuera de la elección de 2018 a Rivera Pérez se libró en medio de una batalla de declaraciones entre los diputados morenovallistas que defendían el procedimiento administrativo en contra del yunquista y éste que aseguraba ser un perseguido político.

Sin embargo, la justicia federal falló a favor del yunquista, lo que generó que pudiera ser candidato de nueva cuenta a la presidencia municipal de la capital en la elección de este año, aunque a la postre fue derrotado por la candidata de Morena, Claudia Rivera Vivanco.

Autorizan el 96 por ciento de las solicitudes de enajenación

De un total de 24 solicitudes del Gobierno del Estado para enajenar diversos inmuebles y predios en distintos puntos de la entidad, los diputados aprobaron el 96 por ciento, es decir 23, sólo rechazaron una y la más reciente correspondiente al inmueble marcado con el número 710 en la Avenida Reforma. 

La Célula para la instalación de la Industria Militar, fracciones de terreno e inmuebles como la Casa del Escritor o de la Enfermera fueron algunos de los edificios que a petición del gobierno estatal aprobaron su enajenación los diputados morenovallistas.   

Aprueban Ley Eukid, con la que cancelan garantía de audiencia en expropiaciones

Fue al inicio de la legislatura cuando los diputados aprobaron la reforma presentada por el legislador del PAN, Eukid Castañón Herrera, para que el Ejecutivo poblano pueda realizar expropiaciones con el pretexto de realizar obra pública, preservar el equilibrio ecológico o garantizar la aplicación de un servicio de manera exprés y sin garantizar el derecho de audiencia a los afectados.

Vecinos de las colonias El Molinito, Santa Cruz Guadalupe y Emiliano Zapata fueron las primeras víctimas de esta reforma, a los que retiraron de sus hogares para dar paso a la construcción de la ampliación y el viaducto elevado en el bulevar Las Torres.

Protegen a MEA, podrá tomar protesta ante el TSJ

Además, a un mes de marcharse los diputados de la Quincuagésima Novena Legislatura aprobaron la reforma constitucional para evitar un ‘calderonazo’ por parte de los legisladores ‘barbosistas’ que este sábado asumen funciones y eviten que la gobernadora electa, Martha Erika Alonso Hidalgo, asuma el cargo el próximo 15 de diciembre.

La reforma constitucional avalada en agosto de este año permite que en caso de que el Legislativo esté impedido para tomar la protesta al cargo, en este caso, Alonso Hidalgo pueda hacerlo ante el Tribunal Superior de Justicia.