No sólo serán considerados como deuda pública por ley, sino que también los Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) y las Asociaciones Público-Privadas que el Ejecutivo del Estado pretenda contratar deberán pasar necesariamente por el Congreso del Estado y contar con la aprobación de las dos terceras partes de los legisladores.

Lo anterior de acuerdo con el dictamen aprobado en la sesión de las comisiones unidas de Hacienda y Patrimonio Municipal, así como de Transparencia y Acceso a la Información, mismo que será sometido a votación de los diputados en el Pleno del Legislativo local durante la sesión ordinaria de este miércoles.

En la reforma planteada a la Ley de Deuda Pública del Estado, que presentó la morenista Olga Romero Garci Crespo, se establece que los Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS), como las Asociaciones Público-Privadas, serán considerados como deuda pública, pues actualmente éstos compromisos financieros sólo son considerados como pasivos contables por la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA).

Este dictamen, aprobado por mayoría en comisiones, además establece que todo compromiso financiero de este tipo, y que requiera la integración de un fideicomiso, deberá ser aprobado por las dos terceras partes de la Legislatura.

Además, incluye una reforma al artículo 77 de la Ley de Transparencia en el Estado con la que se elimina cualquier tipo de candado que impida la reserva de información respecto a los contratos de APPs y PPS.

Cabe recordar que durante el sexenio de Rafael Moreno Valle, a través de los Proyectos para la Prestación de Servicios, se construyeron el Centro Integral de Servicios (CIS), las plataformas de Audi y el Museo Internacional del Barroco (MIB).