Desde el año 2014, en la legislación fiscal se han implementado las constancias de cumplimiento de las obligaciones fiscales de los particulares, con las cuales el Servicio de Administración Tributaria establece si el cumplimiento de las obligaciones de los gobernados es positivo o negativo. Ahora bien, esto ha causado diversas repercusiones a los contribuyentes, sobre todo en sus operaciones comerciales ante sus clientes, en operaciones de contratos futuros o planeación de nuevos proyectos, ya que, en muchas de las ocasiones, por esas constancias que asientan un cumplimiento negativo de las obligaciones (por falta de la presentación de alguna declaración, por ejemplo), se da una pérdida de oportunidades. Cabe aclarar que es suficiente la ausencia de una declaración como para que repercuta en esa constancia que hoy es tan exigida y que provoca una complejidad en el desarrollo de los negocios y de las actividades de los contribuyentes. Así, pues, sería oportuno preguntarse: ¿cuántos contratos y oportunidades de negocios se habrán perdido por esa constancia a lo largo de estos años? Pero, sobre todo, ¿por aquellas constancias con información incorrecta o inexacta?

Así como hay constancias de cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, bien valdría la pena evaluar, también, a la actual administración pública federal, en la que la población pudiera expedir una constancia de cumplimiento positivo o, bien, negativo; desde luego, sin que se trate de una situación meramente mediática, sino atendiendo a la realidad actual del país y con los elementos jurídicos con que se cuenta desde este momento, como es el caso de la posibilidad de presentar iniciativas de ley que abonen a combatir los problemas de desempleo, de contaminación, sexismo, racismo, de corrupción, de la inseguridad publica, etc. Sin embargo, el tiempo que ha transcurrido (los 100 primeros días del cambio de gobierno) todavía es poco como para poder hacer una evaluación, sobre todo si la intención es cambiar los 90 años de gobiernos de un sistema corrupto, lleno de desiguales, de ilegalidades, etc.; pero tampoco se trata de un tiempo muy corto como para que no se haya considerado que era necesario hacer una serie de cambios urgentes. Además, como se encuentran las facultades de las autoridades, bien se pudo (y puede aún) iniciar con tomar esas medidas, como las que corresponden a combatir la corrupción. Empero pareciera que, en particular, no se pretende combatir más que simbólicamente, pues ella se desprende desde las grandes posiciones y cúpulas del sistema actual y se da también en las calles; es decir, está en las instancias más bajas de la administración pública o de los órganos jurisdiccionales, y en la propia sociedad. Un problema complejo, que, en estos inicios de la administración pública nueva, solamente se ha pretendido combatirlo en forma simbólica y esto los medios de comunicación pueden comprobarlo, pues a diario informan de los despidos masivos de personal en las diversas dependencias públicas: en un primer término, fue en el Congreso de la Unión; después, en la presidencia; más tarde, en el Servicio de Administración Tributaria (en particular, en las aduanas); ahora, se enfocaron en el Instituto Nacional de Migración; y, así, se está pasando por cada una de las dependencias. No obstante, los despidos masivos no pueden resolver el problema de la corrupción que existe desde arriba y hasta la parte más inferior de toda la estructura del Estado que se sigue manteniendo.

El combate que se ha implementado contra la corrupción es simbólico y, lejos de provocar una eficaz lucha contra ella, está provocando lo contrario: que se incremente, que cada día sea mayor. Así, estamos ante una corrupción desatada, pues a la corrupción de las cúpulas no le pasa absolutamente nada, siguen su camino; y la corrupción callejera entró el pánico con el “ahora es cuando” o “robe quien pueda”, bajo la amenaza implícita de que posiblemente el siguiente día de labores a nadie se le permitan entrar a su cargo o dependencia en donde realiza su trabajo. Por ello, esa falta de rumbo para combatir la corrupción se convierte en un combate meramente emblemático, tal como ocurre hoy con las constancias que dicta el Servicio de Administración Tributaria, que si hubiera la posibilidad de expedir una a la actual administración sería una constancia de cumplimiento de obligaciones totalmente negativo sobre todo, en este rubro de combate a la corrupción.