Después de 14 años, cuando fue aprehendida y torturada en diciembre del 2005 en Quintana Roo y trasladada a Puebla sin respetar sus derechos humanos, la periodista y activista Lydia Cacho Ribeiro por fin obtuvo justicia, pues ayer el Estado Mexicano hizo un Reconocimiento Público de Responsabilidad del Estado Mexicano y Disculpa Pública a la periodista, además se comprometió a reabrir el caso para juzgar a todos sus verdugos, entre ellos el ex gobernador Mario Marín Torres.

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas emitió en julio del año pasado un fallo favorable a la periodista en la que obligaba al Estado a hacer una investigación “imparcial, pronta y exhaustiva” por los derechos violados a Cacho Ribeiro.

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, realizó el acto de disculpa pública a nombre del Estado, en presencia de Cacho y de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que en 2007 exoneró al ex gobernador de Puebla cuando fue magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ofreció disculpas a nombre del Estado Mexicano.

El gobierno de la República tendrá que investigar a fondo el caso de Lydia Cacho, quien en 2005 el ex gobernador Mario Marín y el empresario Kamel Nacif confabularon para detenerla, luego de que ventilara una red de prostitución infantil.

Encinas ofrece disculpas a nombre del Estado Mexicano

Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, fue el encargado de realizar el acto de disculpa pública después de que el Comité de Derechos de la ONU declaró al Estado Mexicano responsable de violación a derechos humanos, entre ellos a la libertad y libertad de expresión, y dio 180 días para informar las medidas para implementar el dictamen.

“Le ofrezco una disculpa pública por violación a sus derechos humanos en el marco del ejercicio de su derecho a la libertad de expresión. Le ofrezco una disculpa pública por la detención arbitraria a la que fue sometida por diversas autoridades del Estado Mexicano, derivada de la acusación de los delitos de difamación y calumnia por parte de la autoridad.

“Por la utilización de la tortura como instrumento de investigación, intimidación y castigo de que fue objeto por parte de diversos agentes del Estado Mexicano durante su detención, así como por la violencia y discriminación que sufrió en razón de su género durante este proceso”, expuso Alejandro Encinas.

En el auditorio de las oficinas de la Secretaría de Gobernación, Encinas también ofreció disculpas por la corrupción e impunidad alentada por instituciones de los diferentes órdenes de gobierno que fueron imparciales a su derecho, a la verdad y la justicia.

Olga Sánchez ahora pide disculpas

Durante una rueda de prensa en la Secretaría de Gobernación, la titular de dicha dependencia, Olga Sánchez Cordero, habló en nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador, asegurando que el actual gobierno será consecuente con el fallo del Comité de Derechos Humanos, el cual consiste en investigar a todos los responsables por la violación de derechos humanos, ofrecer una compensación a la periodista, evitar nuevos casos en contra de periodistas y la despenalización del delito de difamación y calumnia.

“Hoy estamos aquí para ofrecer disculpas a nombre del Estado a Lydia Cacho, pero también para reiterar que el gobierno de la República, de Andrés Manuel López Obrador, no estará supeditado a intereses particulares; que el poder político y el poder público no estará subordinado al poder económico y para enfatizar que estaremos protegiendo aquí a quienes con su pluma o con su voz denuncien cuando la dignidad humana corra peligro o cuando el silencio sea cómplice de la injusticia”, asegurando que en la dependencia a su cargo no se dará cabida a la censura, como en sexenios pasados.

Por un país donde las niñas puedan caminar sin tener miedo: Cacho Ribeiro

Durante la conferencia, Lydia Cacho aseguró que sólo es una más de miles de víctimas en el país, por lo que es obligación del actual gobierno federal imponer el Estado de Derecho y garantizar la tranquilidad de mujeres, hombres, niños y periodistas.

“Queremos, no lo pedimos, lo exigimos, porque así lo hemos hecho desde hace décadas... estoy aquí por este país que se niega a asumir su verdad, inventando noticas que impide construir una sociedad igualitaria y participativa, por eso  acepto está disculpa y exijo que cumplan con todas la víctimas a las que hoy represento y a las que seguiré dando voz hasta que la vida me alcance”, dijo la periodista, asegurando que luchará por un país donde las niñas puedan caminar sin tener miedo a salir a la calle y por los periodistas asesinados.

El reencuentro de Sánchez Cordero y Cacho Ribeiro

En 2007 Olga Sánchez Cordero, como magistrada, ‘salvó’ al ex gobernador Mario Marín Torres de ser declarado culpable de orquestar la conspiración en contra de Cacho Ribeiro, pues aunque se esperaba que votara en contra del político poblano, cambio su voto de última hora a favor de la inocencia del ex mandatario.

Esto, a pesar de aceptar que existieron violaciones de los derechos humanos en contra de la periodista, sin embargo, las calificó de no graves.

Once años después Lydia Cacho y Olga Cordero se volvieron a ver las caras, sin embargo, la postura de la funcionaria pública fue totalmente opuesta, pues ahora se comprometió a castigar a todos los implicados.

En la mira…

Los protagonistas de la película del 2005, que hoy están otra vez en la mira de la justicia por su conspiración para violar los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho Ribeiro son, al menos, seis personajes importantes en la historia.

El primero es Mario Marín, señalado como el artífice del concierto de funcionarios que participaron en la detención de Lydia Cacho, lo cual lo marcó a lo largo de su administración con el mote de ‘Góber Precioso’.

Otro actor importante fue Kamel Nacif Borge, el empresario que detonó el escándalo, pues después de que la periodista publicara su libro Los Demonios del Edén, éste la acusó de difamarlo por relacionarlo con redes de prostitución infantil, por lo que pidió ayuda a Mario Marín para detener a Cacho Ribeiro.

Adolfo Karam Beltrán se desempeñaba como jefe de la Policía Judicial del estado y fue quien autorizó que elementos de su corporación se trasladaran hasta Cancún, Quintana Roo, para detener a la periodista y trasladarla a Puebla en donde la detenida fue torturada física y psicológicamente.

También Blanca Laura Villeda Martínez, quien en ese entonces se desempeñaba como procuradora de Justicia, sostuvo distintas llamadas telefónicas tanto con Kamel Nacif, Mario Marín y el resto de los involucrados para llevar a cabo la detención.

Rosa Celia Pérez González, la jueza del quinto de lo penal en Puebla capital cuando se realizó la detención arbitraria de la periodista, emitió la orden de aprehensión de forma fugaz y le dictó formal prisión en el Cereso de San Miguel.

Por último, Guillermo Pacheco Pulido era el presidente del Tribunal Superior de Justicia que promovió ante Rosa Celia Pérez la formal prisión y una sanción de 106 mil pesos a la comunicadora.