Han pasado 13 años de la conspiración orquestada en contra de Lydia Cacho Ribeiro y prácticamente todos los implicados se encuentran en el retiro político o judicial, sólo uno de los siete partícipes principales, la jueza Rosa Celia Pérez González, se encuentra en activo.
El empresario textilero Kamel Nacif, principal artífice de la detención ilegal de la periodista, prácticamente desapareció del estado desde hace una década, aunque aún funcionan algunas maquiladoras en la zona de Tehuacán.
Poco a poco todos los involucrados en la conspiración se fueron retirando. Aunque Mario Marín soñó llegar al Senado o a la Cámara de Diputados, su desprestigio provocó que el PRI no lo tomara en cuenta, por lo que en el último proceso electoral de 2018 decidió apoyar a Morena a través de algunos candidatos como Luis Miguel Barbosa y Alejandro Armenta, para lo cual realizó giras y ‘comilonas’ en el interior del estado.
En el retiro político también se ubican el ex presidente del TSJ, Guillermo Pacheco Pulido, la entonces procuradora Blanca Laura Villeda Martínez y el coordinador de la extinta Policía Judicial, Adolfo Karam Beltrán.
Irónicamente, la salvadora del marinismo desde su posición como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, se encargará de cumplir el resolutivo de la ONU desde la titularidad de la Secretaría de Gobernación del próximo gobierno federal.
Sánchez Cordero tuvo el voto decisivo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para absolver a Marín Torres de haber sido el autor intelectual de conspiración para encarcelar a la periodista y también escritora.
Mario Marín, el Góber Precioso que organizó todo
Mario Marín fue señalado como el artífice del concierto de funcionarios que participaron en la detención de Lydia Cacho, lo cual lo marcó a lo largo de su administración con el mote de ‘Góber Precioso’.
Después de su administración, Marín Torres intentó apoyar la campaña de Blanca Alcalá Ruiz en 2016 para la ‘minigubernatura’, sin embargo, tras los ataques que realizó Lydia Cacho en contra de la entonces candidata por tener vínculos con el ex mandatario, este último fue borrado de la campaña.
Desde entonces han sido pocas sus apariciones públicas, una de ellas la realizó en abril de este año cuando fue visto en un acto de campaña de Ramón Fernández Solana, que aspiraba a la diputación federal del Distrito 11.
Además, dentro del proceso electoral de este año, tras no ser tomado en cuenta por el PRI, decidió apoyar las candidaturas de Morena, tales como la de Luis Miguel Barbosa Huerta al Gobierno del Estado y la fórmula al Senado de la República, integrada por los ex priistas Alejandro Armenta Mier y Nancy de la Sierra Arámburo.
Esta situación fue aprovechada por los miembros de la coalición Por Puebla al Frente pues aseguraron que Marín Torres había impuesto candidatos en Morena, por lo que se buscaba desprestigiar a dicho partido.
Kamel Nacif, el ‘difamado’ que exigió la detención
Kamel Nacif Borge fue el empresario que detonó el escándalo, pues después de que la periodista publicara su libro Los Demonios del Edén, éste la acusó de difamarlo por relacionarlo con redes de prostitución infantil, por lo que pidió ayuda a Mario Marín para detener a Cacho Ribeiro.
Después del fallo final de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2007, Kamel Nacif se ha ocultado prácticamente de la vida pública tras el escandaloso caso, pues poco se ha sabido de él desde entonces, aunque se sabe que mantiene sus empresas textiles en Puebla, Tlaxcala, Chiapas y Quintana Roo.
Olga Sánchez, la salvadora de Marín
Olga Sánchez Cordero fungía como magistrada de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y fue la encargada de absolver a Mario Marín de ser el autor intelectual de la detención de Lydia Cacho, ya que con su voto se originaría un empate entre los magistrados, y aunque reconoció que existieron violaciones a los derechos humanos de la periodista, no las consideró graves, cambiando sorpresivamente su discurso.
Su voto a favor de Marín Torres fue sorpresivo, pues durante su ponencia dio indicios de que votaría en contra del entonces gobernador poblano, sin embargo, aseguró que la libertad de expresión de la periodista no se vio vulnerada y no había sido víctima de un concierto de autoridades.
Con ello, la votación quedó en 6-4 a favor del político poblano, cuando se esperaba un empate entre los ministros.
Sánchez Cordero se perfila como la próxima secretaria de Gobierno de la administración del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, por lo que será la encargada de retomar la investigación que la ONU ordenó reanudar.
Adolfo Karam firmó la detención
Adolfo Karam Beltrán se desempeñaba como jefe de la Policía Judicial del estado y fue quien autorizó que elementos de su corporación se trasladaran hasta Cancún, Quintana Roo, para realizar la detención de la periodista y el traslado a Puebla en donde la detenida fue torturada física y psicológicamente.
Sin embargo, en 2006 salió por la ‘puerta de atrás’ del gobierno marinista pues fue destituido del cargo. Tres años después regresó a ocupar un cargo público pues fue nombrado subsecretario de Seguridad Pública del estado. Actualmente se desempeña como asesor en temas de seguridad.
Blanca Villeda, la Procuradora de Hierro, regresó a su juzgado y luego se retiró
Blanca Laura Villeda Martínez, quien en ese entonces se desempeñaba como procuradora de Justicia, sostuvo distintas llamadas telefónicas tanto con Kamel Nacif, Mario Marín y el resto de los involucrados para llevar a cabo la detención. Asimismo, inició una campaña de desprestigio en contra del libro Los Demonios del Edén y su autora, al asegurar que se buscaba dañar su imagen involucrándola en el caso.
Después de su participación en la conspiración en contra de la periodista renunció a su cargo en 2008 alegando a que se debía por motivos de salud. Posteriormente fungió como juez penal del distrito de Huejotzingo, sin embargo, renunció al cargo en enero del 2014 y se jubiló.
Rosa Celia Pérez, la jueza que envió a la cárcel a Lydia Cacho
Rosa Celia Pérez González es otra funcionaria poblana que tuvo gran participación en el caso, dado que era jueza quinto de lo penal en Puebla capital cuando se realizó la detención arbitraria de la periodista, pues emitió la orden de aprehensión de forma fugaz y le dictó formal prisión en el Cereso de San Miguel. Asimismo, también fue exonerada por la SCJN de haber actuado en contra de la escritora.
En dicho cargo permaneció hasta 2008, cuando fue nombrada jueza segundo de lo penal en Puebla capital y en donde se mantuvo hasta 2016. En la actualidad es jueza de Oralidad y Ejecución Penal de la Región Judicial Centro- Poniente de Atlixco.
El presidente del TSJ que ordenó imponer la fianza más alta
Guillermo Pacheco Pulido era el presidente del Tribunal Superior de Justicia que promovió ante Rosa Celia Pérez la formal prisión y una sanción de 106 mil pesos a la comunicadora, pues en un inicio se había negado la orden de aprehensión para que pudiera salir de la cárcel. Actualmente el ex presidente del TSJ está jubilado.
De todos los involucrados en la conspiración contra Lydia Cacho sólo José Montaño Quiroz, comandante judicial encargado del traslado de la comunicadora desde Quintana Roo a Puebla ha pisado la cárcel, pues en octubre del año pasado fue sentenciado a cinco años de prisión a pesar de que su captura se realizó en 2014. Mientras que Jesús Pérez Vargas, el otro policía que fue acusado de ejercer tortura, continúa prófugo.
Los investigados por la SCJN en 2007
Del Poder Ejecutivo
El gobernador de Puebla, Mario Plutarco Marín Torres.
El ex secretario de Gobernación, Javier López Zavala.
El consejero jurídico Ricardo Velázquez Cruz.
El ex secretario privado del gobernador, Carlos Escobar Moreno.
El coordinador de agenda del gobernador, Mario Édgar Tépox Pérez.
El secretario de Comunicaciones y Transportes, Rómulo Arredondo Contreras.
La procuradora general de Justicia, Blanca Laura Villeda.
El subprocurador de Averiguaciones Previas, Rodolfo Igor Archundia Sierra.
El ex director de Averiguaciones Previas de la PGJ Zona Norte, Guillermo Arsención Serna.
Agentes del Ministerio Público Especializado en Delitos Electorales, Rosa Aurora Espejel Prado e Ignacio Sarabia Morales.
El ex director de la Policía Judicial, Hugo Adolfo Karam Beltrán.
El director del hoy desaparecido grupo de Mandamientos Judiciales, Juan Sánchez Moreno.
Los agentes de la Policía Judicial, José Montaño Quiroz y Jesús Pérez Vargas.
Del Poder Judicial
El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Guillermo Pacheco Pulido.
Los magistrados de la Segunda Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, Fernando García Rosas, Gerardo Manuel Villar Borja, Juan José Barrientos Granda.
El secretario particular del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Leobardo Fabio Briseño Moreno.
El secretario ajunto del TSJ, Enrique Ruiz Delgadillo.
El secretario de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, Martín Macías Pérez.
La titular del Juzgado Quinto de lo Penal, Rosa Celia Pérez González.
El comisario del Juzgado Quinto de lo Penal, Moisés Vázquez Ruiz.
David Meléndez / @dav_ms6