El gobernador poblano Sergio Salomón Céspedes Peregrina cerró filas con sus homólogos de todo el país, incluyendo a los del PRIAN, para solicitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no eliminar la prisión preventiva oficiosa, tras advertir los riesgos que representaría para México.
Los 31 gobernadores, así como el jefe Gobierno de la Ciudad de México presentaron un amicus curiae (amigos de la Corte) en el buzón judicial de la Corte, en el que explican que la decisión de los ministros impactará directamente en la seguridad y gobernabilidad del país.
Además, afectará a las víctimas y testigos aunado a la culminación de procesos penales seguidos en contra de sujetos que han cometido delitos de alto impacto.
Los ministros iniciaron el debate sobre la declaración “inconvencional” de la prisión preventiva oficiosa y que se aplica a las personas acusadas de cometer delitos que por su gravedad, son de alto impacto para la sociedad.
La medida cautelar de la prisión preventiva permite enviar a prisión a personas que sean señaladas como presuntos culpables de un ilícito, como acción para evitar fugas e incluso, protección a las víctimas.
Sin embargo, los ministros debaten la eliminación de esta figura jurídica ante la determinación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en enero de 2023, en la que se insta a México a ajustar sus leyes, incluida la Constitución, para eliminar la prisión preventiva de oficio al considerar que se viola el derecho a la presunción de la inocencia y el derecho a la libertad personal.
El morenista Sergio Salomón Céspedes y los gobernadores de todas las fuerzas políticas del país señalaron que la prisión preventiva oficiosa responde a una política de combate al crimen, que garantiza la conducción del proceso penal y el esclarecimiento de los hechos.
Sin dejar de señalar el colapso de los tribunales federales que derivaría de la necesidad de verse obligados a “analizar todas y cada una de las solicitudes de modificación a la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa”, añade.
Ante esa situación solicitaron a la ministra presidenta, Norma Piña, mantener la “supremacía constitucional” sobre cualquier norma internacional y garantizar la seguridad de los mexicanos.
“Hacemos un llamado respetuoso para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación considere lo aquí expuesto, ya que se trata de una decisión que impactará directamente en la seguridad y gobernabilidad del país y con ello en la de las entidades federativas de cuyos gobiernos somos responsables”, dice el documento.
La anulación de la prisión preventiva oficiosa dejaría en libertad en el país a más de 68 mil personas en todo México, a reos señalados por los delitos como homicidio, secuestro, violación, narcomenudeo, entre otros.
La entidad poblana tendría la quinta cifra más alta del país, tras Estado de México con 21 mil 718, Jalisco con 8 mil 342, Veracruz con 4 mil 554 y Michoacán con 3 mil 315 presos.
El 16 de abril, la secretaria de Gobernación federal, Luisa María Alcalde Luján argumentó que la eliminación de la prisión preventiva de oficio no aborda de manera integral los problemas del sistema judicial, ante la dilatación en la emisión de sentencias para los detenidos.
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