Entre los alcaldes que en este momento tienen el consenso social para pensar en reelegirse, casi ninguno de ellos proviene de Morena. Los que mejor perspectiva tienen son Felipe Velázquez Gutiérrez de Atlixco, emanado de Acción Nacional; el profe Luis Márquez del PRI en Zacatlán, Carlos Peredo Grau de CP en Teziutlán y Sergio Salomón Céspedes de MC en Tepeaca.

Barbosa llegó a Tepexco y Cohuecan con cheques para los ayuntamientos de esos municipios, y las auténticas ‘ganonas’ con los linchamientos fueron las alcaldesas Aniceta Peña Aguilar y Filogonia Adorno Aragón, quienes recibieron, cada una, cheques por 10 millones de pesos para “fortalecer” sus gobiernos. La muerte de ocho personas les dio recursos extras. ¿Fue un premio?

Lo que nos lleva a preguntar cuál es el verdadero mensaje que el gobernador Barbosa quiere enviar desde Cohuecan y Tepexco.  ¿Un mensaje de impunidad, de tolerancia a la violencia? ¿O un mensaje de autoridad, de castigo a la ilegalidad? De ese mensaje dependerá el modelo del gobierno en la aplicación de la fuerza pública en los años por venir.

En esa rueda de prensa de los secretarios y el Fiscal, se dijo que habían desplegado en la zona otros 100 elementos para apaciguar a la turba y que la población ya estaba tranquila. Pero aproximadamente a las 8:30 PM aparecieron otros dos colgados ahora en la comunidad vecina de Cohuecan. Con todo y el supuesto operativo desplegado, los pobladores se fueron de cacería, encontraron a otros dos supuestos secuestradores y los mataron, colgando sus cuerpos. Una jornada dantesca, una masacre, en el día siete de Luis Miguel Barbosa como gobernador.

Como parte de la Estrategia Nacional contra el Lavado de Dinero, Puebla contará con su propia Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) para combatir los delitos de ‘lavado’ de dinero, teniendo como fuente las bases de datos del predial, de los Registros Públicos de la Propiedad, de impuestos sobre compra de inmuebles y los registros de información bancaria.

El resultado global del último informe Coneval —ya otra instancia se dedicará a medir la pobreza, un éxito postmortem de Moreno Valle—, es la medida del reto de Luis Miguel Barbosa en el tema, así como de su titular de Desarrollo Social Lizeth Sánchez: al momento de recibir el gobierno, 58.9 % de la población se encuentra en algún grado de pobreza. Son 3 millones 763 mil en pobreza a secas y 551 mil en pobreza extrema, equivalente al 8.6 % de la población.

Ahora se sabe que agrió y tensó lo que se imaginaba una transición idílica entre los gobiernos de Pacheco Pulido y Miguel Barbosa, y al final bloqueó el acceso de Estefan al gabinete, o por lo menos a una posición de segundo nivel. Yo pregunté a tiempo: ¿alguien sabe qué chingaos pasó? Pues pasó que se encontraron el cajón vacío.

Luis Miguel Barbosa asumió la gubernatura que persiguió con persistencia desde 2017 en tres tiempos: un acto republicano ante el Congreso, un acto popular en el Auditorio Metropolitano atestado y un acto prehispánico para asumir el mando ancestral de las comunidades.  En el acto republicano ante el Congreso recibió la legitimidad legal de las instituciones. En el popular la legitimidad carismática, el aplauso de las masas. Mientras que entre incienso, copal, bailables y caracoles, en el acto prehispánico recibió la legitimidad de la tradición, de la Historia ancestral.

Este día, Miguel Barbosa Huerta corona la larga andadura que comenzó cuando en los lejanos años noventa del siglo pasado, siendo abogado litigante en Tehuacán, la curiosidad lo llevó a la autopista Puebla-Veracruz para conocer al líder social Andrés Manuel López Obrador, a quien llevó naranjas y comida. El tabasqueño encabezaba el éxodo por la Democracia tras el fraude que sufrió en la elección contra Roberto Madrazo

Además del anuncio de la cruzada contra la corrupción, es probable que Barbosa fijará el tema de cómo abordará el tema de la privatización del agua: si va por el rescate de la concesión lanzándose a un litigio de resultado improbable, o apuesta por apretar a Grupo Hermes a través de diversas modificaciones legales que desemboquen en una nueva negociación, con mejores condiciones para los usuarios.